La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó su preocupación frente al borrador de decreto del Ministerio de Vivienda que propone fijar el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) exclusivamente en pesos colombianos y prohíbe su referencia al salario mínimo desde las etapas iniciales de comercialización. 

Para el gremio, la medida introduce un control artificial de precios y desconoce el marco legal vigente, que permite fijar el valor de la vivienda en pesos o en salarios mínimos, y establece que el precio definitivo es el vigente al momento de la escrituración. 

“El proyecto de decreto genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda y altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”, advirtió Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol. 

El dirigente gremial recordó que la vivienda no es un bien de consumo inmediato. 

“Su desarrollo implica procesos de planeación, preventa, construcción y entrega que pueden extenderse entre cuatro y cinco años. Durante ese tiempo se presentan variaciones en costos, materiales, tasas de interés y regulaciones, que obligan a ajustes razonables en los precios futuros para preservar la sostenibilidad de los proyectos”, explicó. 

Camacol advirtió que modificar las condiciones de fijación del precio desde las etapas iniciales afectaría el acceso de los hogares a instrumentos clave de la política de vivienda, como subsidios de cajas de compensación y entidades territoriales, condiciones de crédito y tasas de interés preferenciales, que se determinan con base en el valor de la vivienda al momento de su escrituración. 

Además, el gremio recordó que esta discusión se da en un contexto de fuerte presión sobre los costos del sector, tras el incremento del 23 % del salario mínimo, que podría elevar entre 10 % y 15 % los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda. 

Herrera añadió que Camacol ha mantenido una relación de trabajo colaborativo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para aclarar los mecanismos de  indexación y precisó que en ningún caso la entidad ha prohibido la venta de viviendas referenciadas al salario mínimo, siempre que se informe de manera clara y responsable al comprador sobre las condiciones y efectos de este mecanismo. 

Finalmente, invitó al Gobierno a revisar estos temas, pero no desde la descalificación y las amenazas, sino desde un análisis técnico responsable, y reiteró su compromiso con la ampliación del acceso a la vivienda formal, la generación de empleo y la estabilidad del sector constructor. 

Además, hizo un llamado para que se respete y valore el papel del sector privado y de los constructores de vivienda, quienes día a día trabajan por ofrecer soluciones habitacionales formales y dignas a los colombianos, aún en un entorno de alta incertidumbre económica y regulatoria. 

“Nuestra prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los compradores para que puedan acceder a vivienda propia”, aseveró.